El GPP confía en que se solucione en el menor tiempo posible la situación del Vertedero de Abanilla

Víctor Manuel Martínez solicita “contundencia frente a las agresiones ambientales” y espera que las medidas adoptadas para la ampliación de la planta puedan garantizar la continuidad de los trabajadores

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha solicitado al Gobierno autonómico “determinación y contundencia” a la hora de adoptar medidas que permitan solucionar el problema del Vertedero de Abanilla.

En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha manifestado su confianza en que se resuelva cuanto antes la ampliación de la planta y que “siempre que sea viable” se mantengan los puestos de trabajo.

El diputado popular ha pedido “que se lleven a cabo todas las garantías necesarias así como sanciones ejemplares frente a todas las agresiones detectadas”, y ha señalado que la ampliación de la planta debe quedar vinculada a un amplio catálogo de recuperación de la Sierra de Abanilla”.

Se trata, tal y como ha explicado el portavoz adjunto, de una tarea “ardua y dificultosa en la que se entremezclan muchos intereses” pero en la que “hay que confiar en que “el buen hacer de los técnicos y de la Consejería se saldará con una resolución ventajosa para todas las partes”.

Martínez ha mostrado su confianza en que “en un futuro todos los grupos parlamentarios coincidan en su deseo de mantener los puestos de trabajo “así como en el cumplimiento de la legalidad ambiental”.

El portavoz adjunto ha solicitado al consejero que “actúe de manera decidida la problemática de los residuos en la Región y que ayude a resolver las dificultades con las que se encuentran las corporaciones y las empresas concesionarias a la hora de depositar las basuras”.

Finalmente, Víctor Manuel Martínez ha lamentado las declaraciones realizadas hoy por el PSOE en las que denuncia actuaciones ilegales en el vertedero antes de escuchar la versión del Consejero del ramo sobre la situación en la que se encuentra el expediente, “dudando, además, de los servicios técnicos y jurídicos de la Comunidad Autónoma”.