La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Abanilla explicó que, el 3 de marzo de 2008, los concejales socialistas presentaron un recurso de reposición contra la aprobación, por la Consejería de Obras Públicas, del PGOM de Abanilla -que había sido aprobado y publicado en el BORM unas semanas antes- por entender que dicho Plan “estaba lleno de irregularidades”.

En mayo del mismo año, Saurín recibió una comunicación de la Consejería instándola a que se acreditara como portavoz municipal, en la que se le informaba que, de no hacerlo, “se archivaría la reclamación”. María Dolores Saurín presentó, en persona y por registro, el certificado acreditativo pertinente expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de Abanilla. (Ése es el documento que “misteriosamente” se ha perdido).

Transcurrido un año desde que Saurín presentase en el registro el documento necesario para que no se archivase la reclamación del PSOE de Abanilla, y, al no tener ninguna noticia sobre la misma, se solicitó información al servicio competente en materia urbanística. La sorpresa fue que se le comunicó “que en la Consejería de Obras Públicas no está el ‘famoso’ certificado, y que lo más probable es que el recurso que interpuso el PSOE haya sido archivado”, sin recibir otro tipo de explicaciones.

La portavoz socialista, que guarda copia registrada del documento que presentó en mayo de 2008, ha vuelto a presentar en mano, y en el mismo registro, el certificado que la acredita como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Abanilla.

El Grupo Socialista sospecha que pudiera haber, tras la “misteriosa” pérdida del documento, un plan para “ganar tiempo” y evitar dar entrada a su recurso contra el PGOM de Abanilla, “con la supuesta finalidad de que los promotores urbanísticos pagasen al Ayuntamiento el resto que les quedaba por abonar a la aprobación del PGOM”. María Dolores Saurín recuerda que fueron muchos los convenios urbanísticos que aprobó el Ayuntamiento antes que el propio PGOM, con unos 22 millones de metros cuadrados recalificados, “y todo ello dirigido por el ingeniero José Enrique Pérez González, quien presuntamente falsificó un documento del Ayuntamiento de Murcia para poder trabajar en Abanilla, hecho por el que está imputado en el Juzgado de Cieza y donde se siguen las diligencias previas”.

“Defendemos la tesis de que existió en la Consejería una ‘incompetencia inducida’ que no deja rastro, libre de responsabilidades”, afirmó Saurín, quien se preguntó “qué habría pasado si yo hubiese extraviado la copia registrada del documento que presenté en mayo de 2008”.